En las últimas administraciones del Municipio de Quito, se han otorgado permisos de construcción a proyectos con 30 a 35 pisos de altura, marcando un cambio significativo en la fisonomía de la ciudad. Estas edificaciones, en su mayoría, se han levantado en predios de alrededor de 2000 m² e incluso de menor metraje, utilizando las mismas regulaciones que se aplicaban a viviendas unifamiliares de 2 pisos. Estas normativas establecen un retiro frontal de 5 metros, 3 metros para linderos laterales y posteriores, y 6 metros entre bloques.

Cuando esas normas se aplican a edificios en altura, los resultados que se aprecian son espacios con poca privacidad, escasa ventilación e iluminación natural. La sombra proyectada por esas estructuras masivas afecta negativamente a sus vecinos, creando un entorno menos habitable. Este impacto negativo se puede observar especialmente en barrios donde la construcción vertical ha alterado radicalmente la escala y el carácter del entorno urbano, llevando a una disminución en la calidad de vida de sus residentes. Otro aspecto recurrente en estas nuevas construcciones de Quito es la falta de espacio público en las plantas bajas. En gran número de casos, el afán inmobiliario prevalece sobre el bienestar de la ciudad, dando lugar a coeficientes de ocupación del suelo extremadamente altos y áreas poco permeables. Las plazoletas y zonas verdes que deberían conectar con el tejido urbano brillan por su ausencia.

Todo nuevo proyecto debería ser una pieza que encaja armoniosamente en el conjunto urbano, contribuyendo a la ciudad en su totalidad. Desafortunadamente, estos principios no siempre se toman en cuenta. La creación de espacios públicos y zonas verdes no solo mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también promueve la interacción social y el bienestar comunitario, aspectos esenciales para cualquier urbe moderna.

La densificación en Quito es necesaria para evitar que la población se siga trasladando hacia los valles, pero se necesita planificación para no insertar edificios excesivamente altos, densos y desprovistos de áreas abiertas en sectores donde la infraestructura y la congestión vial están al límite. Además, es fundamental que los nuevos desarrollos cuenten con una adecuada infraestructura de servicios públicos, como agua, electricidad y transporte público, para evitar problemas de abastecimiento y movilidad que agravan la calidad de vida urbana.

En 1978, Quito fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, no solo por su urbe llena de riqueza cultural e histórica, sino también por su entorno natural. Si bien la densificación es necesaria para lograr ciudades más compactas, es crucial que su crecimiento se module con respeto al contexto y al perfil urbano. Quito, con su paisaje vertical andino, no debe permitir que sus edificios actúen como cortinas de hormigón que oculten las vistas panorámicas. Estas vistas pertenecen a todos los ciudadanos, no solo a unos pocos privilegiados.

El desafío de la verticalidad en Quito requiere un equilibrio delicado entre el desarrollo urbano y la preservación de su identidad. Las decisiones sobre construcción en altura deben considerar tanto la funcionalidad como la belleza, garantizando que la ciudad siga siendo un lugar donde el patrimonio cultural e histórico se entrelazan con el patrimonio natural armoniosamente.

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