La idea, hoy ampliamente aceptada, de que la vivienda propia sea una necesidad básica y un anhelo “natural” del ser humano resulta cuestionable. Los mecanismos financieros, legales y profesionales que hicieron posible el acceso masivo a la vivienda propia en las ciudades hispanoamericanas sólo se consolidaron a partir de la segunda mitad del siglo XX, en estrecha relación con las políticas impulsadas por los organismos interamericanos y, en particular, con la Alianza para el Progreso, en el contexto de la Guerra Fría.

Hasta entonces, la vivienda propia era común en el ámbito rural, mientras que en las ciudades predominaban el alquiler y el inquilinato. Los datos censales de los países sudamericanos muestran que, hasta la década de 1950, los propietarios urbanos eran minoría. Pese al acelerado crecimiento de la población urbana y a las limitaciones económicas de amplios sectores sociales, esta tendencia se revirtió en las décadas siguientes gracias a políticas orientadas a ampliar el acceso a la propiedad privada, consideradas estratégicas para la estabilidad social y política de la región.

En Colombia, el Primer Censo Nacional de Edificios y Viviendas (1951) y la creación del CINVA marcaron un punto de inflexión. Entre 1951 y 1985, el número de viviendas en Bogotá creció a un ritmo superior al de su población, y la proporción de viviendas propias superó ampliamente al inquilinato. Este proceso no fue fortuito, sino el resultado de una estrategia continental que promovió la propiedad privada como herramienta de contención frente al comunismo y como mecanismo para el fortalecimiento de la democracia liberal y del mercado.

En ese contexto, las organizaciones e instituciones alineadas con el modelo capitalista cumplieron eficazmente su papel: impulsaron reformas legales —como la propiedad horizontal—, promovieron el desarrollo de sistemas de crédito y articularon a arquitectos, gremios profesionales e instituciones técnicas. El resultado fue la consolidación de la vivienda como mercancía y del suelo urbano como objeto de consumo y especulación.

En contraste, los sectores progresistas no lograron —o no priorizaron— la construcción de un marco legal y financiero sólido que hiciera viables otras formas de tenencia, como la vivienda cooperativa o la vivienda pública. Con frecuencia, parte de la izquierda ha concentrado sus esfuerzos en cuestionar o intervenir las formas de propiedad existentes, más que en materializar alternativas coherentes con sus principios.

La solidaridad, entendida en un sentido profundo, no consistiría en imponer a otros un determinado modo de vida, sino en asumir la responsabilidad de crear, desde la cooperación libre y voluntaria, formas colectivas de propiedad que sean jurídica y financieramente sostenibles. Antes de intervenir en los asuntos ajenos, cabría preguntarse por qué no se ha alcanzado siquiera lo mínimo: la organización de la propiedad en común como ejercicio concreto de justicia y compromiso social.


Referencias:

https://hogarprimitivo.blogspot.com/2020/12/vivienda-propia-en-condominio.html


Fuente de las imágenes:

- Inauguración de la cooperativa COVIOFRIT en Tacuarembó, Uruguay.
- Complejo de viviendas cooperativas en Montevideo.
- UK Cohousing Network AGMEdificio La Borda / Lacol arquitectos, Barcelona, España.
- Edificio La Borda / Lacol arquitectos, Barcelona, España.
- Edificio La Borda / Lacol arquitectos, Barcelona, España.
- Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).








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